La búsqueda y producción de hidrocarburos se ajusta a las normas nacionales y provinciales y acuerdos de partes que configuran el marco legal del sector. Bajo este paraguas honramos nuestras obligaciones y atendemos los intereses de ciudadanos, trabajadores, gobiernos y pares.
En Argentina la producción de hidrocarburos está regulada por varias leyes y normativas que establecen el marco legal para la exploración, explotación y comercialización de recursos energéticos.
En este contexto de reglas que se van ajustando a las nuevas condiciones tecnológicas y económicas de la producción de gas y petróleo, hay algunas normas nacionales que son pilares en la configuración del escenario actual.
La Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, del año 1967, que establece los principios generales para la actividad, incluyendo las condiciones para la concesión de áreas para la exploración y explotación.
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16078/norma.htm
La ley 24.076, de 1992, conocida como “Ley del Gas”, que reestructuró el sector y tiene el espíritu de fomentar la competencia y la inversión privada.
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=475
Bajo el paraguas legal de la ley de Contrato de Trabajo, las relaciones de la industria con sus trabajadores se rigen por los acuerdos celebrados con los sindicatos que los representan, plasmados en los convenios colectivos de trabajo que regulan las condiciones laborales en todos sus aspectos.
Estos convenios se suscriben por región o cuenca productiva y distinguen entre el personal de base y el jerarquizado.
En 2017 las empleadoras y los sindicatos que representan a la fuerza laboral suscribieron bajo amparo del gobierno nacional la “adenda Vaca Muerta”, formación geológica que contiene los reservorios de gas y petróleo no convencional más grande del mundo.
El acuerdo contempló las particularidades y necesidades específicas de la operación en los yacimientos de este tipo de hidrocarburos, bajo el principio de condiciones adecuadas y justas para los trabajadores que, al mismo tiempo, permitan una operación eficiente y segura.